Desde comienzos de año se advierte el aumento constante del traslado informal de mercadería por las rutas tucumanas, que abarca todo tipo de productos y que genera abarrotamiento de bultos en los puestos fronterizos. En una columna de ayer se da cuenta de que en estos ocho meses se detectó una evasión impositiva por U$S14 millones, que se decomisaron productos que fueron valuados por U$S3,9 millones y que sólo en los bultos que se incautaron a los bagayeros hay U$S2,8 millones entre vestimenta, calzados, ropa de cama, manteles, artículos electrodomésticos y tecnológicos y juguetes. Según la nota, el doble de lo que se secuestró en 2024.
Ya en mayo se observaba el incremento de mercadería. Entonces se comparaba que en los primeros 130 días había un promedio de 36 secuestros en bultos (o bagayos) por día mientras que en 2024 habían sido de 12 diarios. También se advertía del problema del acopio enorme de artículos en los sitios de control en las rutas 34, 38, 40 y 9, así como las dificultades para custodiarlos y para darles una salida, tanto en lo que hace a devolución a sus dueños por resolución de la causa por infracción o por pago de multas. También en lo que hace a donación a entidades de beneficencia o el destino que decida la autoridad. Cualquier alternativa demoras.
El incremento de secuestros responde a la ampliación de tareas en el marco del Operativo Lapacho, que comenzó como una forma de hacer frente al narcotráfico y avanzó -capacitación del personal mediante- a control de evasión impositiva, infracciones aduaneras y contrabando.
La cuestión básica que incide en el tratamiento del problema de las infracciones aduaneras y del contrabando es el aforo, que establece desde 2027 un límite de $ 500.000 por bulto, que no ha sido ampliado y que determina que casi toda la mercadería deba ser considerada contrabando. Cada bulto está valuado, en promedio, $750.000. Por ello lo secuestrado no queda para decisión de la Aduana, sino en manos de la Justicia Federal que, como se sabe, está enormemente limitada en cuanto a personal e infraestructura. El director de la Aduana ha pedido la ampliación del aforo pero esta decisión está judicializada a la espera de una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones.
Es mucho más complicado darle un destino final a la mercadería cuando el decomiso está judicializado, ya que debe superar varios procesos hasta que un juez autorice su entrega o destrucción. Pero si los productos quedan en manos de la Aduana, el trámite es mucho más sencillo y veloz, sin contar que significa una importante reducción de tarea para los funcionarios judiciales.
Sería importante que se avance en el tratamiento de la cuestión del aforo a fin de que se resuelvan con celeridad las cuestiones aduaneras. También sería importante tratar de incidir para que la Justicia Federal vea aliviadas sus tareas mediante el nombramiento de personal y la solución de sus déficits de infraestructura, que llevan años de espera.